MareaVerde |
- Ayuso se gana al Grupo Planeta con una universidad privada y un contrato a dedo de 14,5 millones (Miguel Mora / Pilar L. González de Lara para PUBLICO.ES Y CTXT.ES)
- Los cambios en FP y sus amenazas (José Luis Carretero para ELSALTODIARIO.COM)
- En defensa de la razón, los derechos humanos y la escuela (CGT Enseñanza Madrid)
| Posted: 19 Apr 2021 03:00 AM PDT Publicamos este reportaje elaborado y difundido por PUBLICO.ES Y CTXT.ES con licencia Creative Commons El holding presionó sin éxito desde 2016 a Cifuentes y Garrido para obtener una licencia universitaria. En plena pandemia y contra el criterio de los expertos, la presidenta madrileña dio luz verde en 2020 al centro académico por la vía de urgencia Mientras el neofranquismo avanza y un 30% de la población sigue en riesgo de exclusión, las cloacas mediáticas, judiciales, empresariales y políticas no descansan, y siguen trabajando a destajo "para limpiar la mierda", según declaró el excomisario José Villarejo el día de su puesta en libertad, pocas horas después de que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, fuera cazada almorzando en su domicilio privado con dos emisarios del policía jubilado. La sucesión de escándalos fiscales del rey emérito copaba hasta fechas recientes el goteo por entregas de Villarejo a sus medios afines; son los últimos coletazos de la inconfesable operación Salvar al Soldado Felipe VI: matar al padre a cambio de blindar la libertad del policía y empresario para garantizar su silencio sobre todo(s) lo demás. Mientras en los juzgados esperan destino las más de 30 piezas separadas que forman el maxiproceso a Villarejo, todavía en activo como director de comunicación de las cloacas, este reportaje conjunto de Público y CTXT pone el foco en una historia en apariencia menor, de cuyas motivaciones y trasfondo real se ha hablado poco, aunque la prensa ha publicado en los últimos años numerosas noticias escandalosas sobre el asunto. Hablamos de la corrupción universitaria en Madrid, judicializada bajo el eufemismo Caso Máster, y que en la memoria colectiva remite al bochornoso episodio de los títulos de posgrado supuestamente tuneados y regalados por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid a algunos políticos prominentes. El relato va de delante hacia atrás, y arranca en el mes de noviembre de 2020. Han pasado justo cuatro años desde que, según reveló el sumario del caso Lezo, José Creuheras, sucesor de José Manuel Lara como máximo dirigente del Grupo Planeta, visitó en el otoño de 2016 a Cristina Cifuentes en su despacho de la Puerta del Sol. En ese tiempo, Cifuentes tuvo que dimitir, y Ángel Garrido, su número dos y luego sustituto en funciones, dejó finalmente paso a Isabel Díaz Ayuso, una desconocida periodista de pasado falangista, discípula de Esperanza Aguirre. Ayuso llega en agosto de 2019 a la presidencia de la Comunidad de Madrid. De los 48 diputados que sacó Cristina Cifuentes en 2015, el PP ha pasado a 30, pero los votos de Ciudadanos y Vox, escisión ultra del PP, dejan al PSOE, que había ganado las elecciones autonómicas después de mucho tiempo, en la oposición. En febrero de 2020 estalla la pandemia y todo se para. Madrid lidera con Bérgamo las cifras de muertos de Europa en la primera ola. Ayuso da órdenes a las residencias de mayores para que no envíen ancianos a los hospitales colapsados. Más de 20.000 ancianas y ancianos mueren sin atención, solos, sin ver a sus familias. Florentino Pérez, a quien muchos ven como el verdadero poder de la Comunidad en la sombra, recibe contratos sin cesar, hasta 35 en unos meses, tanto de servicios como de construcciones. Y se permite incluso exigir el lucro cesante por las muertes que se producen en las 61 residencias de su empresa, Clece. El Gobierno progresista confina el país durante cuatro meses, y Ayuso echa la culpa de todo a Sánchez, pero apenas hace nada. No concede ayudas directas, no gestiona los rastreos, no medicaliza las residencias, abandona la atención primaria a su suerte, cierra los colegios, ordena alimentar con pizzas a los niños con menos recursos, se instala en un hotel de lujo de su amigo Kike Sarasola, convierte Ifema en un hospital de guerra sin quirófanos y lo clausura con un festín repartiendo bocatas de calamares. Asesorada por MAR (Miguel Ángel Rodríguez), el spin doctor de Aznar, Ayuso crece como principal ariete del PP contra el Gobierno "socialcomunista". Pero no aprueba una sola ley. Hasta que, un año después de llegar al poder, en julio de 2020, algo se mueve por fin: la presidenta pide al Consejo de Gobierno que ponga en marcha un proyecto de ley para conceder una licencia de universidad privada a la Escuela de Administración de Empresas. La EAE es una empresa del Grupo Planeta que presta formación universitaria en instalaciones propias desde 2015 bajo el manto de la Universidad Rey Juan Carlos: era un centro adscrito, lo que significa que carece de licencia para funcionar como universidad independiente, por lo que no puede emitir títulos con su nombre y debe ceder un porcentaje de sus matrículas a la universidad que la cobija.
En octubre de 2020, Ayuso ha aprobado su primera ley, la ley del suelo, reedición a pequeña escala de la que Aznar lanzó en 2000 para iniciar el milagro económico de Rodrigo Rato. La oposición recurre el acto ante el Tribunal Constitucional porque la Mesa de la Asamblea de Madrid, presidida por el diputado de Ciudadanos Juan Trinidad, exempleado de OHL y Villar Mir, ha encerrado a los parlamentarios en el Hemiciclo para garantizar el quórum. "Todavía no entendemos la prisa que tenían. Podían haber esperado dos semanas y hubiera habido quórum sin problema; pero es que no tenían prisa, tenían urgencia", recuerda el diputado autonómico de Unidas Podemos Jacinto Morano. La segunda y última ley de la legislatura de Ayuso es la que concede al Grupo Planeta una licencia de universidad privada: se vota por el procedimiento de urgencia el 12 de noviembre de 2020. "El método se llama lectura única", explica Clara Ramas, exdiputada de la Asamblea por Más Madrid. "Consiste en debatir en el pleno y a toda pastilla un informe de mil páginas –el expediente presentado por EAE demostrando la supuesta excelencia de su proyecto– sin pasar por comisiones ni aceptar enmiendas o ponencias". La concesión exprés de la universidad privada a EAE, la enseña de formación universitaria del Grupo Planeta, se consuma con los votos a favor de PP, Cs y Vox. 14,5 millones a dedo y presiones de Marhuenda Las relaciones del Grupo Planeta con la Comunidad de Madrid eran en ese momento las mejores en mucho tiempo. En octubre de 2020, Ayuso ha concedido a dedo un contrato de emergencia de 14,5 millones de euros al holding educativo de Planeta y a Informática El Corte Inglés para dotar de materiales digitales a las clases desde 5º Primaria a segundo de Bachillerato a través de Educamadrid, la plataforma de servicios educativos de la comunidad madrileña. La patronal del sector, Anele, denunció ante los tribunales y los organismos de control económico y presupuestario la declaración de emergencia del contrato. "Es un despropósito", dijo en El País el presidente de Anele, José Moyano, que se sumaba así a las quejas y a las críticas de los directores de instituto, sindicatos y oposición, que ya tildaron el contrato de "escandaloso". Desde Más Madrid recuerdan bien aquellos días. "Dos semanas antes de que se votara la ley de la universidad privada en la Asamblea, Francisco Marhuenda me llamó y estuvo un buen rato contándome las bondades de EAE", cuenta el diputado Eduardo Rubiño. "No es infrecuente que cuando una ley se acerca a la Asamblea las empresas interesadas hagan lobby. Pero Marhuenda insistió más de lo habitual en que aquello era una maravilla que no podíamos dejar de apoyar". La presión de Marhuenda, que compagina su tarea de tertuliano 24/7 con su cargo de profesor titular en la URJC y la dirección de La Razón, no hizo mella en la oposición. "El proyecto nos pareció inconsistente, un chiringuito diseñado para cobrar dinerales por grados y másteres que solo beneficia a empresas privadas y a fondos buitre", cuenta Rubiño, "y que además no cumplía ninguno de los requisitos exigidos a las universidades privadas". "A nosotros no nos llamó Marhuenda", recuerda por su parte Jacinto Morano, de UP, "seguramente porque sabía que en esa piscina no había agua". Morano hizo una rotunda intervención ante el pleno: "Ha dicho el señor Sicilia [Eduardo Sicilia, consejero de Universidades, cuota Ciudadanos] que este proyecto de ley que estamos hoy votando va a ayudar al progreso social y educativo de la Comunidad de Madrid. Recuerdo un dicho latino: Cui prodest?, ¿esto a quién beneficia? El progreso social y educativo, ¿para quién? Vamos a ver lo que estamos hoy votando. Estamos votando una cierta manera de privatización de una institución universitaria, porque pasamos de un centro adscrito, el EAE, a un centro absolutamente privado". Y proseguía: "Esta universidad tiene planteados planes de grado con un coste de 8.000 euros por alumno, y posgrados, algunos habilitantes, por un precio de 13.500 euros. Por cierto, cuando eran centros adscritos, los precios en esta entidad, el EAE, de la que va a ser sucesora la Universidad Internacional de la Empresa, eran más bajos. Se ha aprovechado esta conversión de la naturaleza jurídica de la institución para subir 300 euros los costes de los posgrados. Y oferta un posgrado de Alta Dirección de 26.700 euros de coste. El coste de este posgrado es mayor que la renta per cápita de Madrid. Entonces, ¿a quién está beneficiando este proyecto de ley que estamos planteando? ¿Cuántos madrileños, en la situación social y económica en la que estamos, van a poder acceder a estos programas?". Tras el apresurado intercambio de opiniones, votan en contra PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. Pero la universidad privada de Planeta en Madrid es oficial gracias al trifachito. Ayuso necesita los votos de Vox, y los obtiene. En plena pandemia, con la mitad de los diputados en sus casas, y sin un debate digno de ese nombre, el soñado negocio universitario de Planeta, por el que sus directivos llevan trabajando y presionando desde 2015 en los más altos despachos de la Comunidad, se hace por fin realidad. La concesión genera una pequeña controversia, que se entierra enseguida. Los organismos consultivos que debían pronunciarse sobre la idoneidad del nuevo centro eran contrarios a conceder la licencia a Planeta. Según Público, el Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid, la Fundación para el Conocimiento Madridmasd y los sindicatos habían detectado deficiencias en las instalaciones (algunas de ellas alquiladas y con contratos cercanos a expirar), en la ratio profesores-alumnos y en el nivel de investigación que planteaba EAE. El acta de la reunión del Consejo certifica 9 votos en contra del proyecto, ninguno a favor y siete abstenciones.
"La propia memoria de impacto normativo reconocía que el proyecto no cumplía los requisitos académicos, docentes ni de infraestructuras", recuerda la exdiputada Clara Ramas; "pero los promotores afirmaban que ya los cumplirían cuando se les diera la licencia. Fue una claudicación en toda regla a los intereses corporativos de Planeta". Curas y bancos Comisiones Obreras denunció por su parte que se trataba de la cuarta universidad privada que autorizaba la Comunidad de Madrid en solo quince meses. El 7 marzo de 2019, la Asamblea aprobó convertir en universidades privadas a la Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing (ESIC), el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) y la Universidad Internacional Villanueva. "Aquel dislate se aprobó en el último pleno de la anterior legislatura, y por supuesto el entonces presidente en funciones, Ángel Garrido, también recurrió al método de la lectura única, hurtando el debate parlamentario", recuerda Morano. Las tres agraciadas tenían padrinos tan poderosos o más que la del Grupo Planeta. ESIC (Congregación de Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús) y Villanueva (Opus Dei) están vinculadas a organizaciones religiosas, y CUNEF se gestiona desde la Fundación de la Asociación Española de Banca –AEB–. Villanueva y CUNEF rompieron lazos como centros adscritos de la Complutense, y ESIC se desligó de la Rey Juan Carlos, como haría EAE 15 meses después. La decisión de Garrido fue un golpe duro para Planeta. En noviembre de 2018, la prensa había contado que se había desbloqueado el asunto de la EAE y que la concesión de la universidad privada estaría lista en 2019. Pero la vía libre quedó pospuesta ante el empuje, la experiencia y los contactos de la Iglesia y la banca: desde el 'Tamayazo', las concesiones de licencias de universidad privada en Madrid habían ido favoreciendo de forma mayoritaria a organizaciones religiosas y fondos buitre. Los jesuitas (Comillas), los Legionarios de Cristo del pederasta Marcial Maciel (Francisco de Vitoria) y la Asociación Católica de Propagandistas (CEU) ya tenían la suya. En aquel momento, la Comunidad de Madrid sumaba ya once universidades privadas, además de 38 centros privados de estudios superiores, mientras el número de universidades públicas se había mantenido en seis desde que se fundó la Rey Juan Carlos 25 años atrás. Por fin, en noviembre de 2020, Díaz Ayuso cumplió el deseo de Planeta y logró la hazaña de convertir a Madrid en la región con más universidades privadas del país: 12, frente a seis públicas. Unos meses después de la concesión de la licencia a EAE, hace un par de semanas, Ayuso impuso a Cristina Cifuentes la medalla de oro de la Comunidad. Era el símbolo de que un círculo se había cerrado. Ayuso rehabilitaba a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, la principal perjudicada del Caso Máster, que, como veremos enseguida, venía sufriendo feroces ataques y presiones de los directivos y medios del Grupo Planeta y de otros afines a este al menos desde 2016. Ayuso y Cifuentes, en una imagen subida al Instagram de la presidenta madrileña. La triste historia de la URJC 2018 fue el año que dañó para una larga temporada el prestigio de la Universidad Rey Juan Carlos, fundada en 1996, cuando era presidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón. Con el tiempo, la URJC se convirtió en la gran universidad pública del PP (sector María Dolores de Cospedal) y, en menor medida, también de la vieja Izquierda Unida. Los dos partidos, que compartían consejo y tarjetas black en Caja Madrid con los socialistas, se repartían por cuotas en la URJC profesores, departamentos, cátedras patrocinadas y honoris causa, haciendo crecer así sus escuderías académicas y sus negocios educativos: la idea era que la Rey Juan Carlos compitiera en volumen de estudiantes, rentabilidad y presencia, ya que nunca lo consiguió en prestigio, con la gran universidad 'socialista' de la región, la Carlos III. Pero de repente algo se torció en ese pujante camino neoliberal de la URJC. En la primavera de 2016, Cuartopoder publicó que el rector de la institución, el catedrático de Historia Fernando Suárez Bilbao, había cometido múltiples plagios en distintas obras. Poco después, Suárez dimitía; dos años más tarde, sería procesado en relación a las convalidaciones irregulares de diversas asignaturas del máster en Derecho Autonómico que dirigía el catedrático Enrique Álvarez, el mismo que cursaron, al menos en teoría y en etapas distintas, Pablo Casado y Cifuentes. Esas corruptelas tenían un mismo lugar de origen: el Instituto de Derecho Público (IDP) de la URJC, de alto interés económico para su núcleo duro, muy vinculado a Cospedal. En plena guerra interna del PP tras la disputada sucesión de Mariano Rajoy, El País reveló en agosto de 2018 que el flamante líder popular, Pablo Casado, había aprobado diez años antes un sospechoso máster exprés de Derecho Autonómico en el IDP. Fuego amigo a discreción. La Fiscalía del Supremo decidió no procesar a Casado, aun reconociendo que había indicios de trato de favor, porque el asunto estaba prescrito. Luego, gracias a los votos del PSOE, el nuevo presidente del PP fue eximido de comparecer ante la comisión parlamentaria, como Cifuentes, aunque esta sí sería procesada. En aquellos días de 2018 también se supo que la URJC expedía títulos de posgrado a licenciados en Derecho de universidades italianas con un imaginativo paquete a la carta organizado por agentes de viajes desde Madrid. El cursillo daba acceso a la colegiación española, lo que permitía a los alumnos italianos ejercer en la UE ahorrándose 18.000 euros de un máster obligatorio en su país. Para amenizar la estancia, el pack ofrecía incluso la asistencia a partidos en el Bernabéu, un imbatible todo incluido. Cifuentes y Montón Desde que se conoció el plagio del rector hasta finales de 2018, el huracán de la URJC dejó un largo rosario de titulares escandalosos. Quizá el único positivo, sobre todo para su protagonista, fue que Francisco Marhuenda, director de La Razón, el medio escrito del Grupo Planeta, pasó de ser profesor interino a titular el 12 de octubre de aquel año. Por lo demás, el aluvión se llevó por delante las carreras de una presidenta de la Comunidad de Madrid (Cristina Cifuentes, PP) y de una ministra del primer Gobierno de Pedro Sánchez (Carmen Montón, PSOE, artífice de la desprivatización de la sanidad valenciana mientras fue consejera de Sanidad de la Generalitat y declarada enemiga de Farmaindustria). Cifuentes se vio obligada a dimitir en abril de 2018 tras la difusión de un vídeo en el que se adivinaba que había intentado llevarse de un supermercado unas cremas sin pagar. La presidenta se había mantenido en el cargo contra viento y marea después de que se publicara que le habían aprobado el máster del IDP manipulando notas y documentos públicos sin que la lideresa hubiera tenido que ir a clase ni presentarse a defender el Trabajo Final de Máster (TFM). Por su parte, la ministra socialista de Sanidad, Carmen Montón, fue acusada de beneficiarse de un trato de favor durante su curso de posgrado y, además, de haber plagiado o recogido textos sin citar en 19 páginas de las 52 que ocupaba su TFM. Montón dimitió el 11 de septiembre de 2018. La médica valenciana, que solo fue ministra durante cuatro meses, es hoy embajadora permanente de España ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Cifuentes fue juzgada y absuelta (aunque el juicio deberá repetirse) y en los últimos tiempos se ha dedicado a participar en tertulias televisivas de Mediaset. Montón fue investigada, pero la jueza archivó la causa. Las primeras informaciones sobre las exalumnas de la URJC se publicaron en eldiario.es, el digital que dirige Ignacio Escolar. Sin embargo, las filtraciones no consiguieron desalojar de sus cargos a las dirigentes del PP y del PSOE. El último empujón a Montón se lo dio La Sexta, que se hizo cargo de la demostración del plagio. Y de la puntilla a Cifuentes se encargó el tabloide de Eduardo Inda, que publicó aquel vídeo borroso y antiguo de Cifuentes, con inequívoco hedor a los pendrives de Villarejo. Puertas giratorias policiales En este punto es preciso recordar que el jefe de Seguridad de Planeta, Antonio López López, recientemente llamado por la Audiencia Nacional en calidad de investigado por la pieza nº 12 de la macrocausa Tándem o caso Villarejo, colaboró en las maniobras del Ministerio del Interior contra diversos políticos catalanes, según le aseguró el exministro Jorge Fernández Díaz al ex director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso, en el audio de cinco horas que se grabó subrepticiamente y se envió a Público de forma anónima. Estamos ante una de las grandes especialidades de las Cloacas S.A.: las puertas giratorias policiales. Un buen número de altos mandos, procedentes de las órbitas de Agustín Linares, Pepe Villarejo y Eugenio Pino, dieron un lucrativo salto al sector privado al colocarse como jefes de seguridad de grandes empresas, muchas de ellas del IBEX, tras haber ocupado puestos públicos de relieve, incluyendo a los jefes superiores de Madrid o Barcelona. Aquella investigación de Público ha tomado nuevo vuelo esta semana con la imputación de dos altos directivos de La Caixa por haber contratado, supuestamente, a Villarejo y sus muchachos para espiar al expresidente de Sacyr, Luis del Rivero. Bankia, Telefónica, El Corte Inglés, La Caixa, Iberdrola, Prosegur, Santander y Planeta son algunas de las empresas que contaban o cuentan con policías leales a Villarejo en sus departamentos de seguridad, con acceso a datos e información de toda índole. Jacinto Morano, diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, recuerda que oyó hablar del vídeo de las cremas de Cifuentes "bastante antes" de que Inda lo publicara. "En la Asamblea se decía desde el principio de aquella legislatura que el dueño de otro digital de ultraderecha se lo había enseñado a Cifuentes en un intento de obtener más publicidad institucional. Pero todo el mundo pareció olvidarse de aquello cuando fue Inda el que publicó el vídeo". La Sexta y sus medios amigos Cruzando los hechos sucedidos en aquellos meses con las agendas de los protagonistas visibles e invisibles, parece obvio que la banda de Villarejo jugó su papel en aquellas sonadas decapitaciones políticas y en el golpe a la reputación de la URJC. Pero antes de zambullirnos en lo oculto, veamos lo tangible. Las noticias que acabaron con las carreras de Cifuentes y Montón se publicaron, coincidiendo en el marco temporal y con enorme repercusión en redes sociales, en un digital progresista (eldiario.es); en el tabloide de extrema derecha de Inda, y en la cadena dirigida por Antonio García Ferreras, La Sexta, propiedad de AtresMedia (Planeta). Mano derecha de Florentino Pérez y buen amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, Ferreras cobija bajo el mantra "más periodismo" una pasión a prueba de bombas por el Real Madrid y por el bipartidismo borbónico del 78. Alrededor de su mesa se sientan de manera habitual Inda, Escolar, Jesús Maraña (Infolibre) y Angélica Rubio (El Plural) –digital que, por cierto, comparte accionista de referencia con OkDiario, ElDorado Media Holding SL, cuyos últimos socios se parapetan tras un bufete de abogados de Barcelona–. En el caso del imputado Inda, Ferreras fue el trampolín que convirtió a su tabloide en uno de los digitales que más aparece en las tertulias de radio y televisión, multiplicando hasta el infinito el don de la ubicuidad del exdirector de Marca y de Villarejo. Escolar, por su parte, se prodiga mucho menos en otros platós. Según ha contado él mismo a distintos colegas, su contrato exclusivo con La Sexta le impide acudir a la competencia. EAE, centro adscrito y 'Púnica' Volvamos a la universidad privada. Además de su oligopolio editorial y mediático, el grupo Planeta da cada vez más importancia a su división de Educación, que está considerada como estratégica por el holding fundado por el editor José Manuel Lara Hernández en 1949 y convertido en el primer grupo de comunicación español por su hijo, José Manuel Lara Bosch.* Desde que la crisis de 2008 precipitó la caída del negocio del libro en su modalidad de ediciones generales, Planeta intenta compensar su cuenta de resultados con los libros de texto físicos o digitales y su departamento educativo. En 2019, el grupo anunció el cierre de Círculo de Lectores, tras registrar unas pérdidas de 12,1 millones. A día de hoy, el principal sostén del conglomerado es Planeta de Agostini, la joint venture participada al 50% con la italiana De Agostini, que en 2019 prácticamente duplicó sus ganancias desde los 26 millones hasta los 51,1 millones de euros. El buque insignia es EAE, una escuela de negocios fundada en los años cincuenta que Planeta adquirió en 2006. Desde hace una década funciona como centro adscrito de la Universidad Politécnica de Barcelona, y en 2015 se convirtió en centro adscrito a la Rey Juan Carlos de Madrid. Fue reconocida como apta para dicha condición por el Gobierno del antecesor de Cifuentes, Ignacio González, y obtuvo el visto bueno final para el inicio de operaciones el 5 de octubre de 2016, siendo ya presidenta Cifuentes. La orden que otorgó a EAE la condición de "apto" para ser uno de los siete centros adscritos de la URJC, facultándole para impartir (y cobrar en función de ello) formación universitaria oficial, la había firmado la consejera de Educación Lucía Figar, que se vio obligada a dimitir en junio de 2015, al ser imputada en el Caso Púnica por sus relaciones con Francisco Granados y, sobre todo, con Alejandro de Pedro, un conseguidor cuyo negocio principal era cuidar de la reputación digital de políticos como Esperanza Aguirre, y de clubes como el Real Madrid, manipulando información por varias vías (diarios zombies, bots, redes sociales, posicionamiento en Google, páginas de Wikipedia…). Así llegamos a 2016. La armada mediática de Planeta ataca duramente a Cifuentes. Según publican distintos medios, Planeta intenta que la presidenta no colabore con la Justicia en el caso del desfalco del Canal de Isabel II, porque la Fiscalía estaba investigando en el llamado Caso Lezo al socio y consejero de La Razón Edmundo Rodríguez Sobrino, que a la sazón era presidente de Inassa, la filial del Canal en Latinoamérica. Pero, al mismo tiempo, como veremos enseguida, las escuchas de Lezo muestran que los directivos de Planeta perseguían otro objetivo: obtener una universidad privada. El meollo de la cuestión es que, en aquellos tiempos, no era fácil obtener esas licencias. Desde que llegó al poder de la Comunidad de Madrid en 1996, el PP 'sólo' había autorizado ocho nuevas universidades privadas, y la última databa de 2011. Ni Ignacio González ni Cifuentes concedieron ninguna. Pero, a partir de ahí, la veda se abrió. Como vimos antes, el sucesor de Cifuentes, Ángel Garrido, que acabó en Ciudadanos y hoy está recién retirado de la vida política, aprobó tres licencias de golpe en el último pleno de la legislatura, el 7 de marzo de 2019. Planeta llevaba dos años esperando, pues presentó la solicitud en 2017. Pero su expediente era un rosario de chapuzas e incumplimientos, y solo logró su objetivo en noviembre de 2020. Expediente del proyecto de Universidad Privada de Planeta. / Fuente: Enrique García @FiQuiPedia La sombra de Villarejo Cruzando las escuchas de Lezo con las anotaciones manuscritas de Villarejo, se observa que el comisario estuvo muy cerca de los dirigentes de Planeta durante los meses en que estos realizaron aquella delicada "gestión de crisis" contra Cifuentes. El policía y empresario apunta en su agenda el 17 de mayo de 2016 que ha almorzado con su admirado Adrián de la Joya y con varios directivos de Planeta. Por orden de jerarquía: José Creuheras, el presidente del holding; Mauricio Casals, presidente de La Razón y asesor del Grupo Planeta, y el ya citado Antonio García Ferreras. La comida se repite un mes después, el 14 de junio, esta vez sin el máximo directivo de Planeta, según anota el amanuense Villarejo. Fuente: apuntes de la agenda de Villarejo. Elaboración propia. La importancia que Planeta otorgaba a la obtención de una universidad privada en Madrid queda probada en las escuchas del sumario de Lezo. Un informe de la Unidad Central Operativa de la Policía Judicial de la Guardia Civil (UCO), que había pinchado los teléfonos de la cúpula de Planeta por el caso del Canal de Isabel II registró en aquellos meses que varios directivos del grupo editorial mantuvieron al menos tres reuniones (entre agosto y noviembre) con Cifuentes. Al menos a una de ellas asistió también el entonces número dos de esta, Ángel Garrido. A pesar de que Rodríguez Sobrino pedía a sus jefes que presionaran a Cifuentes por su asunto personal, la temática de la primera reunión (celebrada el 10 de agosto de 2016 entre Marhuenda y la presidenta que presumía de no veranear) trató sobre la formación universitaria y la URJC, según declaró la propia Cifuentes a la Comisión Judicial el 19 de abril de 2017: "Mantuve una reunión con el señor Marhuenda el 10 de agosto de 2016, sobre distintas cuestiones relacionadas con la universidad Rey Juan Carlos, donde es profesor el señor Marhuenda". Transcripción del Sumario Lezo. En efecto, Marhuenda era en aquel momento, además de director de La Razón a distancia y tertuliano, profesor interino de Historia del Derecho y de las Instituciones en la URJC, y responsable de la cátedra patrocinada Historia de las Instituciones. Antes de la segunda reunión, Rodríguez Sobrino llama a Mauricio Casals para contarle que Marhuenda se va reunir de nuevo con Cifuentes y Garrido a partir del 20 de agosto, y Casals le comunica que él también asistirá y que tiene interés en que Cifuentes (a la que en otros fragmentos se refieren como "la puta esa") sepa que el tema que van a tratar "no solo afecta a La Razón, sino también a Onda Cero y a La Sexta".
Transcripción del Sumario Lezo. Las privadas, "un negocio de puta pena" Otras conversaciones pinchadas durante aquellos meses de 2016 a Rodríguez Sobrino confirman que el gran objetivo de las reuniones de los dirigentes de Planeta con Cifuentes era lograr la licencia de universidad que colocara a EAE más allá de la condición subalterna de centro adscrito. El 26 de octubre de 2016, Rodríguez Sobrino comenta con un amigo, Carlos A., las gestiones emprendidas por el grupo para lograr una licencia. Según había anunciado Creuheras en un reciente consejo de administración, dice Sobrino, "había que tratar bien a la señora porque van a dar dos universidades" (…), "y ellos quieren aspirar a una y para ellos es muy importante la operación".
Transcripción del Sumario Lezo. En el siguiente fragmento, Sobrino comenta que "no estaría de más que se sepa por ahí que Planeta puede verse favorecida con una universidad privada", aunque añade: "Macho, ya les han dado bastantes cosas". Su interlocutor comenta de paso que "el sándwich al PSOE con La Sexta funciona de cine", y remata: "Queda como independiente eldiario.es, que ese es incontrolable porque es el órgano…". --Universidad quieren, la Iglesia querrá una, dice Sobrino. --Sí, replica Carlos A. --Y se la van a dar, porque hay dos...
A continuación, Rodríguez Sobrino recibe una llamada de Joaquín P., y le confirma que la prioridad de Planeta es el tema universitario, aunque él piensa que las privadas son "un negocio de puta pena". Transcripción del Sumario Lezo. Luego, Sobrino comenta que sus jefes le "están tocando las pelotas a la señora" (Cifuentes), se refiere a "dos peticiones" que le habrían hecho "Mauricio" (Casals) y "Paco" (Marhuenda), habla del odio que la gente de Planeta tiene a Ignacio González ("IG"), y concluye que "ella (Cifuentes) puede estar más alejada de las posibilidades de la ira" (de los medios de Planeta, se infiere), pero que al consejero (de Educación) "se le puede dar hasta en el carnet de identidad". Transcripción del Sumario Lezo. Aquellas conversaciones poco edificantes dieron lugar a una apertura de diligencias a Marhuenda y Casals por coacciones contra Cifuentes. El juez les imputó a los dos. Luego las archivó al declarar Cifuentes que nunca se había sentido presionada, por lo que no podía haber coacción. Mauricio Casals, presidente de La Razón. Un año después, en el otoño de 2017, con la tensión disparada en Cataluña, Planeta decidió trasladar su sede social desde la Avenida Diagonal de Barcelona a Madrid. Ese mismo año, en julio, ha solicitado la licencia de Universidad Privada a la Comunidad de Madrid. En 2018, el grupo y sus medios afines redoblan sus ataques contra Cifuentes, hasta que consiguen que dimita. El expediente EAE transita por los dos años de gobierno en funciones de Garrido pero no cuaja. En 2019 gana las elecciones Ayuso. A principios de 2020, fuentes de Planeta aseguran que los esfuerzos del grupo se concentran en la división de educación. El negocio de la EAE Business School –unido al colegio de dirección en turismo Ostelea– reportó 3,6 millones de beneficios en 2019, cuando todavía era centro adscrito a la Rey Juan Carlos. A finales de 2020, Ayuso concede la categoría de universidad privada a EAE; y un mes antes regala al grupo el polémico contrato millonario de 14,5 millones de euros. Tarea terminada. El diputado de Podemos Jacinto Morano ríe al otro lado del teléfono: "¿Que si tengo confirmado que La Sexta distribuyó entre periodistas amigos lo del máster y las cremas de Cifuentes? No, no lo tengo confirmado. ¿Me sorprendería que lo hubiera hecho? No, no me sorprendería en absoluto". Dobletes y tripletes Los autores de este reportaje han intentado contactar, sin éxito, con Cristina Cifuentes para aclarar algunos puntos grises de la historia. Una ex colaboradora suya, que exige el anonimato, se limita a comentar que la expresidenta salió "muy dolida" de aquel proceso y confirma que, en efecto, las reuniones de aquellos meses de 2016 con los directivos de Planeta "iban en dos direcciones, por un lado la universidad privada y por otro lo relativo al Canal de Isabel II". El análisis de lo sucedido durante los últimos cinco años en Madrid no puede obviar que Cifuentes se ganó múltiples enemigos, no solo dentro del PP sino también fuera. Es un hecho, además, que al descontrol de la URJC y a su salida forzada le siguieron la concesión por la vía de urgencia de cuatro nuevas licencias privadas de universidad en solo 15 meses, lo que generó beneficios a distintas personas y organismos, seguramente igual de rentables que los que obtuvo Planeta. Y es un hecho también que las dos únicas leyes que ha aprobado Ayuso durante su año y medio de mandato son la ley del suelo y la de la universidad privada de Planeta. Ninguna motivación de las cloacas y sus múltiples meandros suele tener que ver con nada personal. Simplemente, la caída de Cifuentes se hizo necesaria para que un grupo de amigos poderosos y con intereses diversos, actuando de forma coordinada, aumentaran su influencia y mejoraran su reputación y sus negocios. ¿Fueron los mismos que ayudaron a falsear el máster de Cifuentes quienes luego la forzaron a dimitir? Esta pieza de Público sugiere que es posible que así fuera. ¿Son los oligopolios mediáticos y empresariales, y las cloacas adyacentes, organismos capaces de quitar y poner presidentes? Tristemente, se diría que es así. Así es, en todo caso, como suelen actuar Villarejo y sus clientes y jefes: en la operación en la que no hacen doblete, hacen triplete. Su especialidad es hacer amigos con los enemigos de otros, y luego facturar a unos y a otros, bien en metálico o como favores futuros. Florentino Pérez, presidente de ACS, Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la Comunidad de Madrid, y Nicolás Martín-Sanz, directivo del Real Madrid. | El Español La historia completa de las Cloacas S.A. y de los 25 años de obsesión privatizadora del PP madrileño, un partido capaz de contabilizar en B hasta las muertes de ancianos y de traficar con el futuro de los alumnos y la reputación de una universidad pública, está todavía por escribir. Aunque algunos periodistas, sobre todo Javier Ayuso y Patricia López, han contado buena parte de lo que ocurrió, las ramificaciones son infinitas, y los beneficiados (y perjudicados) se cuentan por centenares en todos los sectores, incluidos por supuesto los medios de comunicación. En este caso concreto, las acusaciones periodísticas contra notorios personajes de la política madrileña y nacional y contra la propia URJC funcionaron en un doble o triple sentido: como exigencia de honestidad y rendición de cuentas a dos líderes políticos, como muestra del poder del llamado Cuarto Poder, y como espita para el desprestigio y posterior desguace y privatización a trozos de la universidad pública. Al fin y al cabo, siempre que las empresas quieren hacerse con un servicio público, lo primero que hacen es presionar a los políticos al mando para que deterioren o descapitalicen ese servicio. Es un modus operandi inventado hace décadas por el capitalismo depredador. Con el escándalo de la URJC, muchos títulos universitarios públicos pasaron a ser expedidos y cobrados por instituciones privadas, con un trasvase automático de dinero público a manos particulares. Y muchos profesores honrados y miles de alumnos sin acceso a tratos de favor quedaron expuestos a una mancha indeleble. Lo dramático es que la exposición pública de aquellos atropellos, esas presiones, esas corrupciones, no sirvió siquiera para que el PP de Madrid perdiera el Gobierno de la Comunidad madrileña. Tras dos años de gobierno en funciones, el partido presentó a una desconocida llamada Isabel Díaz Ayuso, y gracias a los votos de los "regeneradores" de Cs y de los neofranquistas de Vox, acabó siendo la séptima presidenta popular consecutiva de la Comunidad de Madrid. Otra posible enseñanza de esta historia poco ejemplar es que, si Ayuso sigue gobernando tras las próximas elecciones del 4 de mayo, los medios y la ciudadanía tendremos que estar muy atentos a los movimientos del PP madrileño y de sus medios y empresarios afines en la sanidad (pública y privada), las residencias (ídem), la universidad (ídem), la formación continua para magisterio y auxiliares sanitarios, la formación profesional dual, los permisos de residencia para estudiantes extranjeros, y por supuesto el fútbol y la construcción. Bienvenidos, en fin, al Madrid de Florentino Pérez, Ayuso, Villarejo, Planeta y cía, ese lugar donde todo se decide en las bambalinas y donde nadie dice la verdad. En unas semanas, seis millones de madrileñas y madrileños tendrán que responder en las urnas a algunas disyuntivas: comunismo o libertad, socialismo o terrazas, Vox o Vallekas, privado o público, cloacas o periodismo ético. Y una duda final: ¿a quién apoyará AtresMedia en la batalla de Madrid? Coda: un máster para Vanesa Jiménez Silvio Berlusconi solía decir, con su cinismo y su sentido del humor habitual, que él no tenía enemigos, que él solo tenía futuros socios. Planeta al parecer funciona igual, aunque por supuesto lo que van a leer aquí debajo puede responder a una casualidad del todo inocente. Durante la elaboración de este reportaje, una directiva de marketing de EAE, que se identificó como Carlota sin dar el apellido, llamó a la redacción de CTXT preguntando por nuestra directora adjunta, Vanesa Jiménez. Le dijimos que nos diera su número de teléfono para pasárselo a Vanesa, o si no que le escribiera un mail. Carlota respondió que no nos daba su teléfono porque siempre estaba comunicando, y que los mails "los escriben desde otro departamento". Un par de días después, una trabajadora de una consultoría educativa con sede en Barcelona escribió un email a Jiménez ofreciéndole participar en una selección de candidatos para cursar un MBA en "una de las mejores escuelas de negocios de España", con "ayudas extraordinarias". El precio de esos másteres de alta dirección puede alcanzar, ya saben, unos 26.700 euros. Tras una breve reunión de la dirección de CTXT, decidimos declinar el gentil ofrecimiento y publicar esta pieza, en la que llevábamos trabajando algún tiempo. Si les ha resultado útil o instructiva, les animamos a suscribirse a la Revista Contexto o a nuestro medio amigo, Público. Solo podremos seguir escribiendo informaciones como esta y haciendo másteres por cuenta propia si ustedes, queridas y queridos lectores, nos apoyan.
----------------------- Derecho de Réplica El señor Ignacio Escolar nos hace llegar las siguientes líneas de réplica: "Me hubiera gustado que se me hubiera contactado para recoger mi versión de los hechos antes de publicar este artículo, y no varias horas después. Es radicalmente falso que Villarejo, La Sexta o Planeta tuvieran la más mínima relación con la fuente que permitió la investigación del caso Máster por parte de elDiario.es, como se insinúa en varios párrafos. También es completamente falso que Atresmedia o Planeta tengan relación accionarial con elDiario.es. La investigación del caso Máster que realizó nuestra compañera Raquel Ejerique no fue una filtración interesada –como también se insinúa sin prueba alguna– sino un trabajo periodístico ejemplar que nada tuvo que ver con esa universidad de Grupo Planeta". Fes de errores: En la primera versión de este artículo se decía que el fundador del grupo fue Lara Bosch, pero fue su padre, Lara Hernández. Antonio García Ferreras no es director de Informativos sino director de La Sexta. Ángel Garrido pertenecía al PP cuando sustituyó a Cifuentes, y no a Ciudadanos como se afirmaba en la primera versión de este artículo.
 |
| Los cambios en FP y sus amenazas (José Luis Carretero para ELSALTODIARIO.COM) Posted: 19 Apr 2021 12:30 AM PDT José Luis Carretero, del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión, firma este artículo en ELSALTODIARIO.COM Las enseñanzas de Formación Profesional deben garantizar la cualificación técnica de los alumnos y alumnas pero también promover su acceso a la ciudadanía laboral, es decir, al ejercicio de los derechos que, como trabajadores, tenemos todos los ciudadanos. Los Fondos Europeos de Reconstrucción, de los que cerca de 140.000 millones, entre subvenciones y préstamos, van a corresponder a España, van a ir destinados, en parte, a la expansión y mejora de la Formación Profesional. Pero el problema esencial de la FP en nuestro país no radica tan sólo la inveterada falta de recursos públicos y de atención legislativa que ha sufrido esta etapa formativa. Las cuestiones que debemos resolver tienen que ver, también, con la elección estratégica del modelo de Formación Profesional que se quiere desplegar y con su adecuación al proceso de modernización y cambio del modelo productivo que nuestro país necesita, como ha puesto de manifiesto la brutal debacle económica en que nos ha sumido la pandemia de covid-19. Según nos comunica la Asociación Nacional de Profesores de Formación y Orientación Laboral (Anprofol), el Ministerio de Educación está trabajando sobre el borrador de una nueva normativa para la Formación Profesional. Anprofol, de hecho, constituyó un equipo de trabajo del que formamos parte numerosos profesionales docentes de esta etapa educativa, para hacer una batería de alegaciones y propuestas relacionadas sobre los ejes básicos que, parece ser, van a delinear la estructura de la futura Formación Profesional. La FP ha sido durante mucho tiempo el patito feo del sistema educativo. Los alumnos y alumnas que "no servían para otra cosa" eran derivados a los ciclos formativos, y el conjunto de la sociedad veía la FP como algo destinado a dar una mínima instrucción a quienes no eran capaces de continuar sus estudios. Sin embargo, en estos momentos, es evidente que la necesidad de un cambio de modelo productivo, acrecentada por los efectos de la pandemia, resalta enormemente la importancia de la tener una base suficiente de capital humano formado y preparado para llevar a cabo, en las posiciones de cuadros medios de las empresas, actividades de mayor valor añadido. La Comisión Europea ha remarcado reiteradamente la importancia de la Formación Profesional para este cometido y ha hecho hincapié en la falta de titulados medios en nuestro país, que profundiza nuestra atonía industrial y nuestro vegetar en el campo de la innovación productiva. Parece ser que el proyecto sobre el que está trabajando el Ministerio tiene como una de sus líneas estratégicas principales desarrollar plenamente una FP de estructura modular. Esto implica que, realizando pequeños módulos formativos, con plena flexibilidad (ya sea mediante convalidaciones con la práctica profesional, mediante actividades educativas en la FP reglada o realizando distintos cursos en la FP para el empleo y la ocupacional), se podrá llegar a convalidar la totalidad de un ciclo formativo oficial, igual que se hace hoy en día con los certificados de profesionalidad. Dicho modelo podría tener sus aspectos positivos, si se permitiese, por ejemplo, a los profesores y profesoras del sistema público reglado impartir formación en las empresas o en el sistema de FP para el empleo. Pero también implica cuestiones preocupantes que debemos tener en cuenta. Por ejemplo: la posible pérdida de una visión integral, de conjunto, de la profesión elegida por parte de los alumnos, y la desaparición de los elementos transversales (como las soft skills y los conocimientos básicos sobre los derechos laborales o ciudadanos) que se adquieren preferentemente mediante la convivencia en los centros educativos y gracias a la dimensión holística que incorpora (se quiera o no) la realización completa de un ciclo de formación reglada en la actualidad. La puesta en marcha de la FP Dual precisaría de una previa delimitación de sus contornos y normativa propia, para evitar que se convierta en una manera de obtener mano de obra barata por parte de las empresas Además, un sistema modular ultra-flexible podría generar incentivos para la transformación de la FP reglada en lo que actualmente se han transformado, en gran medida, la FP para el empleo o la FP continua: un campo abierto para la impartición de cursos y talleres, de dudosa calidad formativa, por parte de pequeñas empresas y entidades de todo tipo, en un proceso de privatización encubierta. Por otra parte, el Ministerio quiere profundizar en la implantación del modelo de FP Dual. Un modelo que ha demostrado un deficiente desempeño en nuestro país, al haberse implantado de maneras muy diferenciadas por las distintas Comunidades Autónomas. La puesta en marcha de la FP Dual precisaría de una previa delimitación de sus contornos y normativa propia, para evitar que se convierta en una manera de obtener mano de obra barata por parte de las empresas, en la que estas pueden evitar dar la formación precisa a los alumnos, mientras utilizan su fuerza de trabajo sin apenas limitaciones, soslayando la aplicación de la normativa laboral. Para adecuar la FP Dual a la situación española se precisaría la homologación pública de los tutores de las empresas (como se hace en el Norte de Europa), el control sindical de los puestos de trabajo ocupados por los estudiantes y de las funciones que realmente llevan a cabo en ellos, la confección de una base de datos de empresas "confiables" por parte de la Administración educativa y, sobre todo, el alargamiento de la duración de los ciclos, para impedir que los alumnos y alumnas pierdan contenidos teóricos y garantizar la polivalencia de sus aprendizajes en el conjunto del sector productivo al que viene referido el título. La propuesta del Ministerio, también, hace hincapié en el fomento de la interrelación entre los centros de FP y la realidad productiva de su sector, favoreciendo la participación de profesionales senior en las enseñanzas o la impartición de módulos formativos por las empresas en los centros públicos. Se plantea la relación como unidireccional (de la empresa al centro, pero no al revés) y se centra únicamente en los actores empresariales. Sin embargo, una auténtica generación de sinergias entre el sistema educativo y el aparato productivo precisaría de una cooperación multinivel y sin muchas cortapisas, que generase ecosistemas de aprendizaje diversos y creativos, basados en la idea de la escuela sin muros y totalmente conectada con el entorno. Estamos hablando de Departamentos de Extensión en los centros de FP, que vehiculen su relación con las empresas, pero también con los consumidores, los sindicatos, los grupos de fomento de la igualdad o los derechos humanos, los vecindarios, la universidad, las organizaciones de la sociedad civil (como despensas solidarias u organizaciones de parados), el sistema de formación para el empleo (en el que los profesores del sistema reglado público podrían impartir también formación, al igual que en las empresas y asociaciones vecinales), etc. En definitiva, no debemos perder de vista que las enseñanzas de Formación Profesional, como germen de un futuro sistema de aprendizaje integral sobre, y desde, el mundo del trabajo, no sólo deben garantizar la cualificación técnica de los alumnos y alumnas, sino también promover su acceso a la ciudadanía laboral, es decir, al ejercicio de los derechos que, como trabajadores, tenemos todos los ciudadanos. Hemos de apostar por una Formación Profesional que hable de derechos, de conexión con la sociedad, de bienes comunes y cuidados, de tecnologías sostenibles, de apertura e innovación y de gestión pública participativa La ciudadanía laboral y el conocimiento en detalle de los derechos fundamentales y de la forma de hacerlos efectivos, tanto dentro como fuera del lugar de trabajo, tienen que ser un elemento esencial de una Formación Profesional democrática e integral. Cualquier reforma que desconozca o minusvalore esta cuestión, no sólo consistirá en una nueva vuelta de tuerca en la deriva neoliberal que ha acompañado las reformas educativas de las últimas décadas, sino que, además, constituirá un nuevo obstáculo a cualquier proyecto de cambio de modelo productivo que pretenda sacarnos del círculo vicioso de trabajo precario, hiper-explotación, falta de cualificación y baja productividad, en el que nuestro país está sumido. Desde un paradigma basado en su conversión en un ecosistema abierto y plural, creativo y basado en el conocimiento, la Formación Profesional puede ser un pilar fundamental para una amplia movilización social, productiva y cultural que genere en nuestro país las bases materiales imprescindibles para un proceso de desarrollo económico sostenible y para el inicio de una dinámica de avance de la ciudadanía sobre la producción. Desde las propuestas del sindicalismo combativo, la economía social y solidaria, el emprendimiento colectivo y la defensa de la participación de los trabajadores en la gestión real de la vida económica, hemos de apostar por una Formación Profesional que hable de derechos, de conexión con la sociedad, de bienes comunes y cuidados, de tecnologías sostenibles, de apertura e innovación y de gestión pública participativa. Los docentes, además, tenemos que contribuir a imaginar y nombrar la FP que queremos y que nuestra sociedad se merece, para que la educación pública no se convierta en pasto de tiburones financieros y burocracias inmovilistas. Estamos en ello.  |
| En defensa de la razón, los derechos humanos y la escuela (CGT Enseñanza Madrid) Posted: 19 Apr 2021 12:00 AM PDT CGT Enseñanza Madrid ha creado este cartel reivindicativo   |
| You are subscribed to email updates from MareaVerde. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario