MareaVerde |
- Comunicado de la AFA del CEIP Bravo Murillo respecto al no reconocimiento de su Asociación por parte de la Dirección del Centro en la presentación de inicio del curso 2018-2019
- El PCM denuncia el inicio de curso caótico del consejero reprobado
- 3-10-2018: Comparecencia de la Plataforma por la Defensa de Centros Educativos Públicos de Calidad en Madrid en la Comisión de Educación (10:00 h, en la Asamblea de Madrid)
- La Comunidad de Madrid adjudica las obras de un colegio a una constructora que ya ha incumplido contratos (Sofía Pérez Mendoza en eldiario.es)
- Calendario de acciones Marea Verde Madrid para la semana del 1 al 7 de octubre y próximas convocatorias
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Posted: 01 Oct 2018 03:09 AM PDT
La AFA del CEIP Bravo Murillo nos envía este comunicado:
Estimadas familias del CEIP Bravo Murillo:
Desde la Asociación de Familias de Alumnas y Alumnos del CEIP Bravo Murillo queremos comunicar lo siguiente:
Que en la presentación del inicio de curso realizada en el salón de actos por parte del Equipo Directivo del CEIP Bravo Murillo, tras dirigirnos a las familias para presentarnos como asociación del centro, el Director y la Jefa de Estudios indicaron que nuestra asociación no está registrada legalmente y que según les había comunicado la Dirección de Área Territorial nos faltaba cumplir unos requisitos, refiriéndose a la aportación de cierta documentación (Acta Fundacional, Estatutos y socios).
Que la información facilita por Director y Jefa de Estudios es falsa y tendenciosa, ya que nuestra asociación fue registrada el 4 de mayo del presente año en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid y aprobada la inscripción en dicho Registro (Sección Primera, número 38.329) el 10 de agosto de 2018 mediante resolución del órgano competente, la Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación. En dicha resolución se especifica con toda claridad la fecha de nuestra constitución (14 de abril de 2018), los miembros de la Junta Directiva, así como se da el visto bueno a la documentación presentada (acta fundacional y estatutos), por estar conforme a la legislación vigente, según se indica en la misma resolución.
Que con fecha 5 de septiembre se nos notifica por parte de la Subdirectora General de Régimen Jurídico de la Consejería de Educación e Investigación la inscripción de la asociación en el Censo de Asociaciones de Padres de Alumnos (número 6785), una vez comprobado que nuestros fines se adecuan a la legislación vigente y que estamos legalmente inscritos en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid.
Que el día 6 de junio de 2018 nos ponemos en contacto por correo electrónico con el centro (petición reiterada por teléfono el día 13 de junio, y registrada por escrito el 15 de junio), solicitando una reunión con la Dirección del centro, con el fin de presentarnos como asociación y ejercer nuestros derechos como tal.
Que en ningún momento se nos contesta a nuestra solicitud de reunión, ignorándonos por completo.
Que el 10 de septiembre de 2018, viendo que no hay ninguna intención por parte de la Dirección del centro de reunirse con nuestra asociación (recordamos, legalmente constituida), la Presidenta y Secretaria de la asociación entregan en mano a la Jefa de Estudios del centro 200 circulares, las cuales imprimimos nosotr@s mismas para ser entregadas a las familias a través de l@s alumn@s, por las que esta asociación pretendía darse a conocer y dar la bienvenida al nuevo curso. A la vez, se le recuerda a la Jefa de Estudios que estamos a la espera de contestación a nuestra petición de reunión con la Dirección del centro.
Que el 13 de septiembre de 2018, a las 13:00 horas, los alumn@s salen de clase con una circular perteneciente a la AMPA "Lacoma", en la que se da la bienvenida a las familias al nuevo curso, adjuntando la ficha de inscripción de socio de esta asociación. Por lo cual la Presidenta y Secretaria de nuestra AFA se dirigen a la Dirección del centro, con el fin de saber la razón por la que no se han entregado las nuestras. El Director nos indica que no reconoce a nuestra asociación, que no le he hemos entregado el documento legal de registro de la misma. Como las circulares no se van a entregar a las familias, pedimos al Director que nos las devuelva, comprobando "in situ" que las mismas se encuentran encima de la trituradora de papel.
Que al día siguiente, 14 de septiembre de 2018, la AFA CEIP Bravo Murillo registra en la secretaría del centro una copia de la inscripción en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid.
Que por parte de la Dirección y de la Jefatura de Estudios de un centro educativo público, asesorados por sus "jefes" (según manifestaron públicamente en la presentación de inicio de curso), se está poniendo en duda el registro de una asociación de familias, legalmente constituida y aprobada por la administración pública competente, la misma administración de la que forman parte.
Que como asociación de familias de un centro público tenemos unos derechos, entre los que se encuentran disponer de un espacio dentro de nuestro centro (art. 9 del Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio, por el que se regulan las asociaciones de padres de alumnos), obtener la documentación institucional del centro, así como recibir la información de los temas tratados en el Consejo Escolar (art. 55 del Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria).
Asimismo, según el artículo 119. 4 de la LOMCE sobre participación en el funcionamiento y el gobierno de los centros públicos, "Los padres y los alumnos y alumnas podrán participar también en el funcionamiento de los centros a través de sus asociaciones. Las Administraciones educativas favorecerán la información y la formación dirigida a ellos".
Por otro lado, según el artículo 132 de la LOMCE, entre las competencias del director del centro se encuentran: "garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes", "favorecer la convivencia en el centro" e "impulsar la colaboración con las familias", lo que entendemos no se cumple con las actuaciones que denunciamos.
Además, según el art. 31 l) del Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria entre las competencias del Director se encuentra "Fomentar y coordinar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar y procurar los medios precisos para la más eficaz ejecución de sus respectivas competencias, garantizando el derecho de reunión de profesores, padres, alumnos y personal de administración y servicios".
Que con los hechos expuestos, además de faltar a la verdad una vez más por parte del equipo directivo del centro, se están vulnerando nuestros derechos constitucionales de asociación y de reunión, así como de participación en el control y gestión de un centro educativo público, como asociación legalmente constituida.
Por último, según indicó públicamente el Director en dicha presentación, ha recibido "instrucciones" de sus "jefes" para que evite la existencia de dos asociaciones en el CEIP Bravo Murillo. Entendemos que lo que quiere evitarse en nuestro centro es la existencia de una asociación que cumpla realmente con sus funciones de asistencia y representación, así como de fomento de la participación, entre otras, según contempla la legislación vigente. Ni el Director del centro ni la Dirección de Área Territorial tienen competencia alguna para aprobar la constitución legal de una asociación de madres y padres de alumn@s de un centro público. Y si la manera de impedir nuestra existencia y funcionamiento es mintiendo sobre nuestra legalidad, o bloqueándonos con argucias burocráticas y discriminándonos con respecto a la otra asociación, se estará incumpliendo la legislación por parte de miembros de la administración publica.
Para desarmar el bloqueo burocrático al que se nos somete, hemos enviado la documentación que nos solicitaba la Dirección del Centro por correo electrónico con fecha de 28 de septiembre. Que conste que no tenemos ninguna obligación de hacerlo y que lo hacemos inspirad@s en la transparencia, pilar básico de nuestra Asociación. Por supuesto, el listado de soci@s que se nos solicitaba no se ha entregado en virtud de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Faltaría más.
Para más información o ver in situ todos los documentos que acreditan la existencia y constitución de la AFA del CEIP Bravo Murillo, podéis dirigir un correo electrónico a afaceipbravomurillo@gmail.com . Además tenemos publicados los estatutos en esta misma página web.
Madrid a 30 de septiembre de 2018
Junta Directiva de la Asociación de Familias de Alumn@s del CEIP Bravo Murillo
Blog: afaceipbravomurillo
Twitter: @afabravomurillo
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Posted: 01 Oct 2018 02:53 AM PDT
Un año más, iniciamos el curso escolar instalados en el caos. El calendario se adelanta arbitrariamente, pero falta profesorado en los centros para recibir al alumnado. Faltan colegios e institutos públicos en numerosos distritos y municipios de Madrid. Las obras de las nefastas construcciones por fases amenazan la seguridad de nuestr@s hij@s. Faltan plazas escolares públicas en las distintas enseñanzas, sobre todo en la FP pública, la Educación Infantil y en el bachillerato de Artes. No se reducen las ratios, ni las horas lectivas, ni aumenta el profesorado, porque no se cumple la tasa de reposición ni lo firmado en el Acuerdo sectorial, con lo que el profesorado está saturado y precarizado: demasiad@s compañer@s con medias jornadas y compartiendo centros. El pésimo nuevo programa informático Raíces desespera a administrativ@s y equipos directivos. La masificación de las aulas es sistemática en los municipios del sur. El proceso de escolarización es opaco y tramposo en favor de la privada concertada, generando en la Pública centros masificados y centros gueto. En Vallecas y Moratalaz la DAT ha dado instrucciones de ampliar ratios en Infantil Y Primaria. Hay colas de familias de madrugada en el SAE, lo que anuncia conflictos en la escolarización por una falta absoluta de planificación. Mayor masificación mientras se ningunea profesorado de apoyo en estos centros.
No nos cansamos de denunciar que este caos es un caos programado. Es la voluntad política del gobierno del PP en la Comunidad de Madrid. Cada año se repite la misma historia, porque es justamente esto lo que el gobierno pretende: la profecía autocumplida. Quieren convencernos de que lo Público no funciona, encargándose ellos mismos de gestionarlo pésimamente para que lo creamos y nos llevemos los hij@s a la escuela privada concertada. Y si aún así perseveramos en elegir la Pública, el maltrato a nuestros derechos es constante cada inicio escolar y sostenido a lo largo de los cursos.
El presupuesto para la Pública no deja de bajar, mientras destinan cada vez más partidas a la escuela privada concertada. El consejero Van Grieken, reprobado por la Asamblea de Madrid -que por estar reprobado, en un sistema parlamentario sano, debería haber dimitido hace tiempo- ha experimentado este mes la indignación de muchas comunidades educativas, de Getafe a Valdebebas, entre otras muchas, pero, instalado en su habitual hipocresía, anuncia los cheques-bachillerato para concertar una etapa no obligatoria, es decir, para regalar dinero de tod@s a sus amigos de la privada. La Consejería que él dirige no dota a los centros públicos de las plazas que demanda la comunidad educativa, para derivar alumnado a los centros privados y garantizarles el negocio. Se sigue favoreciendo la construcción de centros privados en suelo público, a los que se promete el concierto por anticipado, mientras los centros públicos ven paralizadas sus obras o eternizadas en fases para multiplicar los negocios de algunos y estimular nuestro desapego. No lo van a conseguir.
La ministra Celaá anuncia la derogación del decreto de medidas urgentes de Wert que llevamos sufriendo y denunciando desde el 2012. El decreto que instauró los recortes, el aumento de las ratios, la disminución del profesorado, etc. pero deja a las Comunidades Autónomas la responsabilidad de su desarrollo, de manera que l@s madrileñ@s quedamos al albur de un gobierno del PP que lo tiene claro: no lo va a ejecutar en absoluto.
El gobierno de Ángel Garrido lo afirma -sin complejos, dicen; con desfachatez impropia de servidores públicos, decimos nosotr@s-: Su apuesta es el negocio de la escuela privada concertada y así lo han trasladado, no sólo en sede parlamentaria, sino a través de los ayuntamientos y juntas de distrito en forma de mociones en defensa de su modelo privatizador. El PCM, a través de su participación en Izquierda Unida, en Ahora Madrid y otras convergencias municipales, mostrará de manera inequívoca su apoyo a la Escuela Pública en esos debates y en cuantos tengan lugar. Lo afirmamos rotundamente: La escuela privada concertada es un robo de dinero público y un sistema segregador, clasista y elitista que impide la igualdad de oportunidades de l@s madrileñ@s. El derecho a una educación de calidad es innegociable y se debe garantizar en la Escuela Pública.
Por eso el Partido Comunista de Madrid se solidariza con todas las comunidades educativas que se organizan contra los recortes y las privatizaciones de la Escuela Pública y saluda su capacidad de movilización, imprescindible en estos momentos, porque sólo así se consiguen las justas reivindicaciones que exigimos. Felicitamos al CEIP Uruguay de Latina, que ha conseguido ver ampliada la línea de Infantil, y al CEIP Alejandro Rubio de Guadalix, por desenmascarar el fiasco pedagógico del programa de bilingüismo de la CAM.
El PCM trabaja positivamente para el encuentro de todas las luchas, caminando hacia la gran movilización unitaria de octubre. Por eso, el 24 de octubre el PCM estará en la Plaza Mayor de Madrid con la Marea Verde y el 27 de octubre participará en la manifestación estatal bajo el lema Si nos movemos, lo cambiamos todo.
Tod@s junt@s, en la lucha social cotidiana y en la gran cita de octubre, además de en la convergencia política que construimos en Hacer Madrid, estamos abriendo el camino que nos va a llevar a desalojar al PP del gobierno de la Comunidad de Madrid. Se lo debemos a nuestra Escuela Pública.
Fuente: pcmadrid.org
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Posted: 01 Oct 2018 02:41 AM PDT
Fernando nos envía esta convocatoria:
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Posted: 01 Oct 2018 12:00 AM PDT
Artículo de Sofía Pérez Mendoza en eldiario.es
La Consejería de Educación vuelve a contratar para las obras de un colegio a una constructora que ya ha incumplido lo comprometido por la administración, a través de concurso, en otros centros públicos. Se trata de Uncisa Construcciones e Infraestructuras, una empresa que tiene abiertos tres expedientes por un instituto en Paracuellos del Jarama, otro en el Ensanche de Vallecas y un colegio en Getafe por retrasos en 2017 y que, sin embargo, es de nuevo adjudicataria de unas obras en 2018 en el CEIP Miguel de Cervantes, también en la citada localidad del sur de la Comunidad. Este centro ha empezado el curso con la infraestructura a medias.
Los expedientes de contratación revelan que esta constructora está dentro de los circuitos habituales de los concursos públicos. Desde 2015 ha recibido más de 11 millones de euros de las arcas públicas regionales por obras abandonadas o entregadas fuera de plazo. Se presenta con ofertas económicas bajas y gana las adjudicaciones por sus presupuestos ventajosos, que en ocasiones suponen rebajas de hasta el 30% sobre el inicial.
El Gobierno de Cristina Cifuentes ya tuvo problemas el año pasado con algunas empresas similares, como JOCA S.A, que dejó tirados a cientos de alumnos, obligados a ser trasladados provisionalmente a centros concertados. Por esos espacios, además, la administración tuvo que pagar un alquiler a los propietarios y gestores de los centros privados arrendadores.
El Ejecutivo regional multó con 80.000 euros a nueve constructoras y retocó los pliegos para rebajar que la parte económica fuera un criterio único. Ahora la oferta más ventajosa pesa un 60% del total, un cambio que no ha impedido nuevos retrasos. Se suman 15 puntos más si las empresas acortan los plazos de ejecución previstos y los otros 25 tienen que ver con el personal o las medidas de seguridad y salud.
Las familias afectadas piden el fin del modelo de construcción por fases porque "encarece los costes, obliga a convivir con obras y priva a los niños y niñas de los espacios que les corresponden por ley", apunta la Plataforma por la Defensa de Centros Educativos Públicos de Calidad en la Comunidad de Madrid. Con el inicio de curso han regresado sus quejas: sigue habiendo centros a medio terminar que han tenido que adaptar espacios de urgencia porque no había clases suficientes para todos los alumnos y alumnas.
En el CEIP El Bercial, en Getafe, el comedor se ha reconvertido en tres aulas; y en el Miguel de Cervantes, también en la misma localidad, las salas de profesores son clases. En Valdemoro, los chicos y chicas del IES Neil Armstrong, marcado por la trama Púnica, continúan en barracones desde 2016.
Todos estos centros tienen una cosa en común: Uncisa estaba encargada de construirlos o ampliarlos y se hicieron por fases. Hay además otros, como el IES Simone de Veil, en Paracuellos del Jarama, que tiene levantado el edificio pero no todo es útil. La planta de arriba está cerrada, según las familias, y el centro está rodeado de vallas y restos de obra. La empresa responsable tiene un expediente abierto por los retrasos. Este paisaje de cascotes y maquinaria es el que ven cada día al menos 800 niños y niñas, según datos del consejero de Educación. Aunque sindicatos como CCOO elevan a miles esa cifra.
"No se puede vetar a ninguna empresa"
Fuentes de la Consejería de Educación justifican que "la ley de contratación obliga a tener en cuenta a todas las empresas, sin poder vetar a ninguna, siempre y cuando cumplan con las condiciones de la convocatoria". Uncisa Construcciones e Infraestructuras S.A. se llamaba hasta agosto de 2017 Unika Proyectos y Obras SAU. El boletín oficial del registro mercantil refleja este cambio de nombre pero no de CIF. La nueva denominación coincide en el tiempo con el señalamiento de la empresa, con domicilio fiscal en A Coruña, en la Operación Pokémon.
Las investigaciones por supuesto tráfico de influencias por la relación entre la empresa y el que fue jefe de gabinete del alcalde de Santiago, Ángel Espadas, abiertas por la jueza Pilar de Lara terminaron sobreseyéndose en junio de este año. La magistrada tenía en el punto de mira numerosos contratos de Unika con diversas administraciones públicas, tanto de Galicia como de otras comunidades españolas, en los que buscaron indicios de la mediación de Ángel Espada –imputado por cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada– en favor de esta empresa.
"Un día nos encontramos que el nombre de la constructora que aparecía en el cartel de obras del cole había cambiado", explica Javier Torés, padre de dos niños matriculados en el IES Simone Veil y miembro de la Plataforma por la Defensa de Centros Educativos Públicos de Calidad en la Comunidad de Madrid. Torés asegura que la jefa de obra les transmitió hace dos semanas que la empresa constructora, Uncisa, estaba "en quiebra".
Este extremo no lo confirma la Consejería de Educación, que tampoco ofrece información sobre el estado de los expedientes abiertos a Uncisa. "Aún hay adjudicaciones que están dentro de plazo", apuntan fuentes del departamento que dirige Rafael Van Grieken. eldiario.es se ha puesto en contacto con Uncisa, que ha preferido no hacer declaraciones.
La Plataforma ha analizado las adjudicaciones para construcción de centros escolares en los últimos diez años y concluye que de cerca de 280 millones de euros presupuestados inicialmente se han quedado sin gastar noventa.
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Posted: 01 Oct 2018 02:47 AM PDT
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