sábado, 25 de julio de 2020

MareaVerde




MareaVerde

Posted: 15 Jul 2020 06:56 AM PDT
Reproducimos el comunicado de CUPUMA:

La sanidad y la educación siempre han sido la piedra de toque a la hora de comprobar si lo que se pretendía hacer en España era implantar un modelo, en el que la consideración de servicio público resultaba prioritaria respecto a cualquier otra opción, o de lo que se trataba era de ir privatizando progresivamente los servicios públicos para sustituirlos por otros concertados, o directamente privados o privatizados.
Además, tenía la ventaja de que estábamos ante campos donde claramente se podían poner de manifiesto las verdaderas intenciones de los partidos, al igual que las de las comunidades autónomas, que tienen transferidas esas competencias.
Desde la llegada al poder del PP, -que heredaba una sanidad bastante eficaz, básicamente pública, y que gozaba de notable prestigio- los intentos permanentes y reiterados de ir privatizando tanto la sanidad como la educación, no cesaron en ningún instante. Las razones eran evidentes: además de corresponderse mejor con sus postulados teóricos, lo que pretendía enmascarar semejante planteamiento era la clara preponderancia del negocio, por encima y al margen del servicio público.
Existe una gran cantidad de ejemplos, pero por razones de lógica y de coherencia, parece razonable centrarse en la Comunidad de Madrid, donde el PP lleva gobernando ininterrumpidamente desde hace 27 años, y siempre ha tenido la pretensión de que la legislación que tenía previsto aplicar en la capital de España, supusiera la punta de lanza de sus planteamientos y proyectos, y en muy escaso tiempo, fuera asumida por el mayor número posiblede comunidades autonómicas.
Cuando la crisis económica de 2008 contribuyó decisivamente al pinchazo de la burbuja del ladrillo, el PP se apresuró a buscar alternativas, tratando de derivar el negocio agotado hacia otros campos. Y los agraciados fueron prioritariamente la sanidad como la educación.
Cuando se aclaren las cosas -y no solamente para buscar culpables y deslindar responsabilidades tanto políticas y económicas, a las que habrá que añadir las judiciales si existieran- se irá poniendo al descubierto lo verdaderamente sucedido durante la crisis de la pandemia y las causas profundas de lo verdaderamente ocurrido.
¿Como resulta posible que "una de las mejores sanidades del mundo" quede totalmente bloqueada a las primeras de cambio ? ¿Como es posible que no existiera ni siquiera el material imprescindible, para que los sanitarios pudieran llevar a cabo su trabajo sin detrimento para su salud, en "una de las mejores sanidades del mundo"?
Los interrogantes a los que habrá que responder, son y serán muy numerosos, y no ha llegado todavía el momento adecuado para analizarlos con detenimiento, pero sí para exponer, a través de un ejemplo, cual ha sido el camino recorrido y las razones que llevaron a imponer semejante itinerario.
 El resultado inevitablemente dejará al descubierto,con meridiana claridad, la incidencia que tuvieron los intentos -muchos de ellos coronados por el éxito- de privatización de dos de los grandes servicios públicos de este país, es decir la sanidad y la educación.
Bastaría recordar como el negocio del ladrillo fue sustituido por los negocios de la construcción de colegios-barracones, y completado con la gestión de las residencias de mayores. os resultados a que nos han llevado, están a la vista de todos.  
Por más que se intente evitar, y ocultar las causas, la verdad necesariamente acabará por hacer su aparición.
Una noticia de actualidad da pie para, a través de un ejemplo obviamente pequeño, –pero a juicio de CUPUMA extraordinariamente significativo- y que tiene la ventaja de basarse en datos objetivos que difícilmente se pueden manipular sin acabar siendo desenmascarado.
Parte del dinero que se supone que llegará a nuestro país desde la Comunidad Europea, tiene destinatario fijo y de momento, las cifras que se barajan rondanlos 9000 millones de euros para sanidad y 2000 millones para Educación.  
Como la situación actual no permite determinados lujos, es altamente probable que el dinero para la sanidad no plantee problemas. A la vista de lo ocurrido,
– incluido el desmantelamiento de la atención primaria en Madrid para buscar publicidad con un hospital, perfectamente inútil en IFEMA- parece muy difícil que cualquier partido se exponga a defender recortes en sanidad.
Por el contrario, nos da la impresión de que no ocurrirá lo mismo en educación. La privatización de la Enseñanza va pareja a la consolidación del negocio de la educación. La trayectoria pasada y presente de ciertos partidos garantiza y permite asegurar que no se quedaran cruzados de manos.
Pero vayamos a los datos concretos. Si el persistente ataque al modelo de servicio público en la sanidad es el máximo responsable de lo ocurrido, es altamente probable que algo similar pueda ocurrir, en un plazo no muy lejano, con la Educación.
La universidad es una adecuada referencia porque las razones para defender su privatización, dejan rápidamente al descubierto que su consideración de negocio rentable, prima sobre cualquier otra opción.
El inefable ministro Wert decía -manipulando y falseando los datos- hace ya algunos años, que sobraban universidades en España, y en los últimos tiempos, su partido ha creado en la Comunidad de Madrid un número importante de universidades privadas. Los datos son muy elocuentes:
–     1989, 5 públicas y 1 privada
–      1996, 6 públicas y 6 privadas
–      2018, 6 públicas y 8 privadas
–      2019, 6 públicas y 11 privadas
Es decir que en los últimos treinta años la Universidad Pública había crecido en 1 Universidad, mientras que las privadas se habían disparado con 10 más, demostrando claramente la falsedad de las frecuentes declaraciones de los responsables de Educación en la CAM sobre su pretendida preferencia por las Universidades Públicas.  
Ya nos hemos referido en otras ocasiones a la actuación de los teóricos representantes de las Universidades Públicas y cuál ha sido la actuación de los Rectores, por lo que en estos momentos parece congruente poner el acento sobre el hecho de que la Comunidad de Madrid está a punto de aprobar su duodécima Universidad Privada, con lo que, en la capital de España, las Universidad Privadas doblaran en número a las Universidades Públicas, con lo que en los últimos treinta años, "y siempre en aras de una mejor enseñanza universitaria", las públicas habrán aumentado en una, mientras las privadas llegan a la docena, habiendo incrementado, en ese mismo tiempo, en 11 más.
Pero no deberíamos sorprendernos en exceso. Ya CUPUMA había afirmado -y publicado– que la Universidad Planeta De Agostini sería la siguiente universidad privada aprobada por la Comunidad de Madrid. Y todo hace suponer que, una vez mas, no se equivocará.
CUPUMA , 14 de Julio de 2020
Posted: 15 Jul 2020 02:14 AM PDT
Posted: 15 Jul 2020 02:04 AM PDT
ELDIARIO.ES publica esta noticia

Un estudio del Observatorio del Sistema Universitario catalán explica que la crisis disparó la contratación de profesores asociados, llevando a las plantillas universitarias a tener un 47% de temporales cuando la ley fija el tope en el 40%

Precariedad en las universidades españolas. La crisis que empezó en 2008 –o más concretamente las decisiones políticas que se tomaron– menguó las plantillas de profesorado universitario hasta llevarlas directamente a la ilegalidad. El estudio Profesorado asociado: ¿experiencia profesional o precarización?, del Observatorio del Sistema Universitario catalán (OSU), calcula que en el conjunto de los campus hay un 47% de profesorado con un contrato temporal, cuando la LOMLOU estableció en 2015 que el personal docente e investigador (PDI) con una vinculación no permanente no puede superar el 40%.


En concreto, 32 de las 48 universidades públicas españolas (el 66%) superaban en el curso 2018-2019 este límite legal. Desde el OSU explican que para llegar a esta situación ha influido mucho, entre otras razones, "el elevado número de efectivos de profesorado asociado y su crecimiento reciente". La figura del profesor asociado se incluyó en la ley pensando en un experto en alguna materia concreta, con un trabajo propio que, con carácter puntual, ofreciera su conocimiento en la universidad. Por eso contempla pocas horas de docencia (tres de clase más tres de tutorías semanales o seis y seis) y poco sueldo (300 o 600 euros al mes, respectivamente): no estaba concebida para ser el modo de subsistencia de nadie.

Sin embargo, con la recesión el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero prohibió de facto a las universidades realizar concursos para contratar profesores titulares limitando la tasa de reposición del personal. Mariano Rajoy completó la maniobra recortando la financiación de los campus hasta un 25%. Pero las universidades tenían que seguir dando clases, necesitaban reponer sus bajas y cubrir necesidades. Y encontraron en esta figura, la del asociado, la válvula de escape (algunas con más entusiasmo que otras). Catalunya es el ejemplo paradigmático de esta situación: fue la comunidad autónoma que más recortó la financiación de las universidades (un 34%) y ahora es la que más profesores asociados tiene (la hora de docencia del profesorado asociado es sensiblemente más barata que la de cualquier otra figura).

Se creó de esta manera todo un cuerpo de profesionales precarios, dando clase a cinco euros la hora como único sustento. Hoy en día hay 25.081 profesores asociados (no todos son falsos asociados, como se conoce a estos docentes), uno de cada cuatro docentes en los campus.

"Se está utilizando la figura para fines para los que no estaba pensada. Se están usando para cubrir necesidades docentes ordinarias, imparten asignaturas troncales. La expansión del profesorado asociado supone una precarización del profesorado español", ha valorado Alfonso Herranz, uno de los autores del informe junto a Vera Sacristán y con la colaboración de Albert Corominas y Albert Sánchez-Gelabert, todos ellos miembros del OSU.

El actual ministro de Universidades, Manuel Castells, es consciente del problema. El primer día que compareció en el Congreso afirmó que "la precariedad en la universidad española es un escándalo" y prometió que eliminaría la figura del asociado. Para ello pretende realizar un estatuto del PDI, texto que está en su fase incipiente y será presentado en septiembre.
Diferencias entre regiones, universidades y áreas de conocimiento

La situación no ha sido siempre así, explican desde el OSU. De hecho, en el curso 2009-2010, fecha de inicio del estudio, el porcentaje era ligeramente inferior al actual. Había entonces poco más de un 23% de asociados. Pero cuando llegó la crisis, como buenos precarios fueron los primeros en caer. "Los efectos de la crisis se hicieron notar con mucha mayor dureza sobre este colectivo, debido a la mayor facilidad para rescindir sus contratos", reza el informe. Cayeron hasta el 20,9% en el curso 2012-13.

Y con las mismas volvieron. A partir de ese año, su número empezó a repuntar de manera estable, hasta alcanzar el actual 25,2% de las plantillas. "La recuperación de la contratación de profesorado en las universidades públicas españolas entre 2014-15 y 2018-19 ha tenido lugar, en buena medida, a través de la contratación de profesorado asociado, mientras el resto del profesorado se mantenía prácticamente estancado", afirman los autores del estudio. Dicho de otra manera: el proceso "sería indicativo de un proceso gradual de sustitución de profesorado permanente a tiempo completo por profesorado asociado, con contrato temporal a tiempo parcial".

Todo esto ha sucedido en paralelo a la implantación en las universidades españolas del conocido como Plan Bolonia, la creación de un espacio europeo de educación superior que desembarcó en el Gobierno firmó en 2007 y que desembarcó en los campus en el curso 2008-09 entre protestas de los estudiantes por la mercantilización de la Universidad que le achacaban a Bolonia.

El OSU especifica que la situación difiere mucho entre comunidades, entre campus y entre áreas de conocimiento incluso. Con carácter general, aunque hay excepciones, las autonomías que más temporalidad tienen y por tanto más asociados contratan son las más ricas. Así, Catalunya (con un 44,2% de asociados en sus plantillas), Navarra (41,4%) e Illes Baleares (35,6%) lideran la clasificación de comunidades con más profesores de este tipo contratado. No están solas, otras nueve comunidades (Aragón, Cantabria, las dos Castillas, la Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia y Euskadi) también incumplían el límite de profesorado temporal.

En el otro extremo, Extremadura, Andalucía y Galicia destacan por el bajo coste de esta figura. Solo estas tres, junto a Canarias y Asturias, cumplen y tienen menos de cuatro temporales por cada diez empleados docentes. Mención especial merece el País Vasco, que pese a incumplir la normativa respecto a los temporales, no lo hace por haber contratado muchos asociados: apenas cuenta con un 8,5% de ellos.

Por centros, el comportamiento ha sido bastante desigual. Mientras algunas universidades han incrementado notablemente sus asociados, otras los han disminuido también en gran proporción. Así, en el curso 2018-2019 las que más asociados tenían eran la Rovira i Virgili (58,7% de asociados, casi seis de cada diez), la Pompeu Fabra (49,5%), la Jaume I de Castellón (47,5%), la de Lleida (43,9%) y la Universidad de Barcelona (43,9%).

Enfrente, la Universidad de Jaén (5,5%), la UNED (8,4%), la Universidad del País Vasco/EHU (7,3%), la de Cádiz (8,8%) y la de Almería (9,3%) son las que menos asociados tienen, y además cuatro de ellas, excepto la del País Vasco, redujeron su número durante la casi década que duró la crisis. Entre las cinco que más asociados tienen en sus plantillas, solo la Pompeu siguió este mismo camino: el resto incrementaron sus temporales en porcentajes de dos dígitos.

Por último, explican desde el OSU, la presencia de asociados se da mayoritariamente en las ciencias sociales y jurídicas, donde suponen un 32% del total de profesores. En otras áreas, como Ciencias o Ciencias de la Salud, está en el 9% y el 20%, respectivamente. La situación, explica Herranz, es tal que en algunos departamentos de algunas universidades –que no ha citado, pero ha hablado de las facultades de Educación– alcanza hasta el 80% del profesorado. "Es difícil justificar que el 80% de las necesidades de fuerza docente de un departamento se tenga que cubrir con este profesorado tan especial", sostiene.
Las consecuencias

Desde el OSU explican además que la situación ha derivado hasta tal punto que actualmente la figura del asociado se ha convertido en una puerta de acceso a la Universidad, desvirtuando completamente su espíritu. "La estructura por edades del profesorado asociado, mucho más joven que la del resto, indicaría que esta figura no se está utilizando para contratar especialistas de reconocida competencia para que aporten sus conocimientos y experiencias profesionales, sino que se ha convertido en muchos casos en una etapa temprana y precaria de la carrera académica ordinaria".

Además, recurrir a estos profesores ha tenido consecuencias también para la Universidad, no solo para ellos individualmente en forma de precariedad. Herranz explica, basándose en estudios internacionales previos, que los asociados no investigan –no tienen horas dedicadas para ello, como sí tienen los permanentes–, de manera que "se reduce la capacidad investigadora de las universidades y, con ella, su capacidad de transferencia de conocimiento al conjunto de la sociedad". También "se debilita el vínculo del PID con la institución, lo que puede empeorar la gobernanza universitaria" y "se pone en peligro la libertad académica del profesorado al aumentar su vulnerabilidad laboral" y se "empeora el aprendizaje del estudiantado".
Posted: 15 Jul 2020 01:59 AM PDT



Puedes descargarlo aquí
Posted: 15 Jul 2020 02:05 AM PDT
ELDIARIO.ES publica esta información

Diferentes gobiernos del PP en la región cedieron al menos 45 propiedades a unas 40 instituciones educativas vinculadas a conciertos. Algunas antes de que existieran los centros, una práctica que la ley prohibía

La Comunidad de Madrid se ha pasado años cediendo suelo público para la construcción de colegios concertados mediante procedimientos al margen de la ley. Un listado de las cesiones de suelo público realizadas por el Gobierno regional y hoy en día activas, solicitado por un ciudadano al Consejo de Transparencia, desvela que la Comunidad ha aportado terrenos para la construcción de centros privados que después se concertarían, una práctica que entonces estaba prohibida por la legislación y que la LOMCE legalizó después. En la actualidad, el Gobierno regional tiene 249 propiedades diversas cedidas a instituciones o particulares privados actualmente.

Así, desde que la Comunidad de Madrid se hizo con las competencias educativas en 1999 y hasta 2013, año en que la llamada ley Wert adoptó la normativa a las prácticas que venía realizando la Comunidad, el Ejecutivo regional cedió al menos 45 edificios, terrenos o complejos a instituciones privadas para construir o ampliar colegios o escuelas concertadas. En concreto, 39 entradas incluyen el epígrafe "escuela concertada". No todas las concesiones fueron a parar a proyectos no empezados (hubo cesiones para ampliar instalaciones de colegios ya existentes), pero este diario ha localizado varios centros en los que la fecha de concesión del terreno es anterior o coincide con la fecha de constitución de la sociedad que explota el colegio, según se observa cruzando las fechas de concesión que aparecen en el propio documento facilitado por la Comunidad de Madrid y los registros de creación de las compañías o incluso la información que ofrecen los mismos colegios sobre su fundación.

Además de ser una de las grandes apuestas de los Gobiernos de la Comunidad de Madrid desde que Esperanza Aguirre accediera al poder, la escuela concertada era una de las formas que eligió Francisco Granados para hacer negocios precisamente en esas fechas. El que fuera mano derecha de Aguirre entre 2003 y 2011 cobraba, según han desvelado investigaciones judiciales, mordidas de entre 900.000 euros y 1,2 millones a cambio de ceder suelo público para realizar colegios concertados en varios municipios de la región. En ese periodo se levantaron 90 colegios concertados en Madrid.

Ceder suelo para conciertos a colegios que no existían no estaba permitido hasta 2013. Antes de la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOE) que realizó José Ignacio Wert, para solicitar un concierto educativo había que tener previamente un colegio que ya estuviese funcionado. Lo específicaba la ley en su artículo 116 punto 1: "Los centros privados que ofrezcan enseñanzas declaradas gratuitas (...) podrán acogerse al régimen de conciertos en los términos legalmente establecidos".

Los juristas Juan José Guardia y Luis Manent escribían en 2015: "Al no admitir la legislación básica [preLOMCE] el otorgamiento directo de conciertos (...), las CCAA carecían de margen para concertar automáticamente las solicitudes de los concesionarios de suelo público. A estos efectos era irrelevante que en la licitación se hubieran valorado los aspectos educativos del proyecto (...)".

Wert legalizó esas prácticas (Madrid se ha considerado siempre el laboratorio educativo del PP y, correlación o causalidad, pero la reforma de la ley que hizo el ministro vino a legalizar una práctica muy madrileña que no se acomodaba a la normativa) y a partir de 2014 se incluyó un octavo punto en el artículo 116 de la LOMCE, que regula esta cuestión, que decía: "Las administraciones educativas podrán convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional". Un análisis jurídico posterior explicaba: "La cesión combinada de suelo público y acceso a un concierto no ha nacido de una previsión legal, sino que su génesis hay que encontrarla en una práctica administrativa en algunas CCAA, destacadamente la madrileña". Una manera de legalizar lo que se había hecho al margen de las normas durante años.

El ministerio de Educación actual, que dirige Isabel Celaá tiene previsto retirar este punto en la reforma de la LOMCE que se tramita en el Congreso actualmente para volver a dejar la ley como estaba con la redacción original de la LOE, de manera que no se puedan conceder conciertos a centros que no existen.

Este diario ha preguntado a la Comunidad de Madrid, que al cierre de este artículo no había contestado.
Ceder suelo a empresas que aún no existen

Pero en 2004 la LOMCE no existía, lo que no impidió que la Comunidad cediera un complejo a Trinity College San Sebastián de los Reyes el 2 de abril, la fecha exacta en que se fundó la compañía. O que el 10 de noviembre de 2010 pusiese a disposición un edificio para el colegio concertado Humanitas Bilingual School de Torrejón, que se inauguraría oficialmente tres años después, en 2013. El colegio Antavilla, en Villanueva del Pardillo, recibió una concesión el 7 de junio de 2010 y se inauguró ese mismo año. La sociedad Antamira Patrimonio SL recibió la concesión de un edificio para el colegio concertado Antamira, en Paracuellos del Jarama, el 2 de enero de 2009: exactamente cuatro meses y seis días antes de existir, según el Registro Mercantil de Madrid. El colegio fue adquirido en 2018 por el Grupo Educare, que tiene otros seis centros y que en 2016, último año del que aparecen sus cuentas, ganó un millón de euros. Son algunos ejemplos.

Todas estas concesiones se han realizado a 75 años, el máximo que prevé la ley a priori. A priori, porque hay excepciones. El colegio concertado Virgen de la Soledad, propiedad de Soluciones Educativas Integrales Virgen de la Soledad, en Arganda del Rey, recibió un edificio público el 5 de marzo de 2009 del que podrá disfrutar hasta ese mismo día del año 2108, un total de 99 años. Es un caso extremo, pero igual de real que los demás.

Estas prácticas exprimen los límites de la legalidad. La Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP) establece en su artículo 93.3 que el "plazo máximo de duración [de las concesiones], incluidas las prórrogas, no podrá exceder de 75 años". En principio es la norma que rige. Sin embargo, el Real Decreto 1372/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de Entidades Locales, cuando habla de los "bienes de dominio público", especifica en el artículo 79 que "el plazo de duración máximo de las concesiones será de noventa y nueve años, a no ser que por la normativa especial se señale otro menor". En este caso, sin embargo, es un RD, que normativamente está por debajo de una Ley y no puede modificar los máximos que esta impone.
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