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- Diálogos (Manuel Menor)
- La Iglesia pelea para no perder influencia en la educación, un negocio de 4.866 millones al año (Daniel Sánchez Caballero y Jesús Bastante en eldiario.es)
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Posted: 07 Dec 2018 02:13 AM PST
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Posted: 07 Dec 2018 01:38 AM PST
"Dialogar" suele emplearse para afianzar viejos criterios
Si con la "iglesia hemos dado", decía el Quijote a Sancho (II, IX), con la narrativa del "diálogo" eclesiástico seguimos topando en asuntos educativos.
De las muchas palabras que en los últimos 40 años han tenido un uso más oportunista, la del "diálogo" y cuanto implica para que sea leal, ha sido de las más manipuladas. Ante la posible derogación de lo más problemático que ha traído la LOMCE, el portavoz de la Conferencia Episcopal (CEE), Luis Argüello, vuelve a invocarla en tres direcciones complementarias: la presencia de "la Religión" en el currículo, "la demanda social" de las comunidades católicas y, sobre todo, que la "Administración pública no intervenga en la escuela concertada". Ayer, se supone que hablaría de ello con Pilar Celáa.
Diálogos variables
¡Bienvenidos al "diálogo"! Pero no vale apropiarse del supuesto prestigio que pueda tener todavía esta palabra sin explicar el alcance de compromiso a que se esté dispuesto. En 1965, desde un sector aperturista de la llamada "democracia cristiana", dio nombre a Cuadernos para el diálogo, revista y editorial que, curiosamente, terminaron su andadura en octubre de 1978, en vísperas de la Constitución. Expresaba aspiraciones de sectores abiertos a las novedades que había promocionado el Vaticano II entre 1962 y 1965, actitud que no sería asumida con seriedad y constancia por amplios sectores de la jerarquía episcopal, temerosa de la democracia interna y externa por la que se había abogado en la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes de octubre de 1970. La cortocircuitaron los más "carcas", que pronto concordaron, sin embargo, con los nuevos aires que les insuflarían desde 1978 Juan Pablo II y sus peones en la Curia vaticana. Los responsables de la Iglesia en España establecieron desde entonces un cordón sanitario frente a lo que entendieron arriesgado. Para quienes vivieron de lleno esa secuencia, el paso de Tarancón por la Presidencia de la recién estrenada CEE entre 1971 y 1982 fue un ligero soplo de aire fresco, enseguida apagado por afanes bien distintos, vigentes incluso bajo el Papa actual.
De cómo las estadísticas de la Iglesia católica en España reflejen tan variable actitud dialogante con sus propios fieles, de los años sesenta hasta hoy, no hay estudios concluyentes. Lo cierto, en todo caso, es que el porcentaje de creyentes y practicantes –igual que el de eclesiásticos con responsabilidades "pastorales"- ha bajado sustantivamente. Los sociólogos de la secularización lo vienen detectando desde hace tiempo en ambos sectores, junto a un creciente grado de indiferencia en la sociedad actual que, de ser tenida en cuenta, disminuiría mucho el valor representativo que pueda tener la apelación al "diálogo" de que habla Argüello. En democracia, no es pequeño el derecho a poder expresarse, pero no basta con invocar una tradición cultural poderosa. Menos cabe su interpretación en exclusiva. La presencia de la Iglesia en la historia de España, particularmente en su vida artística y costumbres, ha sido grande, pero no deja de ser ambivalente por los paralelos abusos de poder con la población. Habrá, pues, que razonar en público, con datos y motivos de suficiente interés para la diversidad de ciudadanos, hasta dónde, en qué aspectos y con qué controles, la contribución de los católicos españoles al bien común deba ser sostenida hoy de algún modo si así lo deciden sus representantes democráticos.
¿Qué "demanda social"?
La implicación de la Iglesia en la educación española es bastante mayor que la que se ciñe a los centros concertados –no todos bajo su control-. También en los centros públicos tiene presencia. La Religión ha variado su intensidad en el currículo, como catequesis católica principalmente, pero ha sido obligatoria en casi toda su historia. Esta pauta es difícil de justificar en democracia tratándose de una creencia particular y no de algo compartido por el común de los ciudadanos. Con un pasado de dogmatismo excluyente propio de un miniimperio dentro del Estado, un presente de privilegios no es propio de un Estado constitucional, cuya supuesta "aconfesionalidad" es fuente de contradicciones.
Más complicado todavía es justificar una "demanda social", especial y autónoma de la decreciente comunidad de creyentes católicos, después de que el Estado ha logrado escolarizar a todo su alumnado, y más cuando el gran reto es conseguir un sistema educativo que vaya más allá de la mera escolarización y logre en igualdad una buena educación para todos. Es esta una cuestión de derecho, no de caridad benevolente. La doble red –pública y privada- sigue propiciando múltiples discriminaciones que la Administración tiene obligación de evitar, y más cuando en un mundo de escasez, hay por medio fuertes subvenciones con dinero público. No parece que lo confesional deba servir hoy pretextos para que ese paisaje desigual siga reproduciéndose, por muy de antiguo que venga un sistema dicotómico que ni cuando monologaban desde el Ministerio de Educación Nacional modificaron: "Una cosa era ir al colegio y otra ir a la escuela", dejaron dicho, entre otros, Gloria Fuertes o Francisco Candel.
Hora sería ya, más bien, de que contribuyeran, "en diálogo", a cambiar a fondo esa estructura y ser más genuinos con el Evangelio que proclaman. Si el objetivo estratégico de la Iglesia católica hoy es sostener una "demanda social" distinta de la desarrollada en comunidades autónomas como la de Madrid desde antes de la LOMCE, aclárenlo y serán muy escuchados. Porque acreditado tienen un gran fervor gerencial por esta ley y sus precedentes: la LOCE en 2002 y la LOECE de 1980, aunque no fueran esas las líneas de "diálogo" y "demanda social" del Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes. Era diciembre de 1965 y, tanto en su artículo 1 como en el 93, las alusiones a "la esperanza de los pobres" y a que la Iglesia deba "servir con creciente generosidad y con suma eficacia a los hombres de hoy", sonaron sinceras a muchos, incluso no creyentes. Tal vez porque su música no era la de 1929 en la Divini illius Magistri, el gran apoyo doctrinal de las doctrinas educativas de los años franquistas y, en no poca medida, de los Acuerdos pactados entre 1977 y 1979 todavía vigentes.
¿Tacticismo?
Sin más explicaciones, por tanto, estas apelaciones de Argüello al "diálogo", además de continuistas de lo que la CEE predicaba para el "pacto educativo" de Méndez de Vigo, no pasan de tacticistas. Retratan en exceso idéntica fraseología a la de sus antecesores en el Bajo Imperio Romano, de que da cuenta Peter Brown en: Por el ojo de una aguja. La riqueza, la caída del Imperio romano y la construcción del cristianismo en Occidente (350-250 d.C), (Barcelona, Acantilado, 2012). Después de las elecciones andaluzas, puede que las voces de Colegios Católicos, CONCAPA, COPE y medios afines sean urgidas a modularlas de otro modo. Atentos.
Manuel Menor Currás
Madrid, 03.12.2018
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Posted: 07 Dec 2018 01:40 AM PST
Artículo de Daniel Sánchez Caballero y Jesús Bastante en eldiario.es
Este porcentaje del alumnado que manejan los centros católicos, junto a los pagos a sus empleados, muchos de los cuales realiza el Estado, se traduce en que la Iglesia Católica recibe cada año 4.866 millones de euros por su labor educativa, según sus propios datos. Un bocado considerable al que no está dispuesta a renunciar. Por esta razón, y para defender también la importancia de la asignatura de Religión en el sistema educativo, a su parecer, se han reunido este lunes el secretario general de los obispos, Luis Argüello, con la ministra del ramo, Isabel Celaá, que ya ha anunciado que esa materia dejará de ser obligatoria y por tanto dejará de contar para nota. Como ya adelantó eldiario.es, l a Conferencia Episcopal está dispuesta a negociar sobre inmatriculaciones e impuestos como el IBI, pero no quiere ceder poder en su labor educativa. En esos términos se ha desarrollado la reunión, donde la Iglesia le ha mostrado al Gobierno sus "preocupaciones". La asignatura ganó presencia y peso cuando el PP aprobó la Lomce, ganancias que se tradujeron en un aumento del alumnado que la cursaba. Pasó a ser de obligado ofrecimiento por los centros (más profesores) y a contar para la nota media de la Secundaria, que luego sirve para la media total y que determinará a qué grados puede acceder un alumno, o a la hora de conceder o no una beca. Una porción de poder e influencia que ahora, con la propuesta de reforma de la Lomce que ha hecho el PSOE, podría verse amenazada al rebajar la importancia de la materia. Aún así, según datos de la Iglesia, el 63% de los alumnos está matriculado en Religión. De suelo, segregación por sexo y docentes No es que la posición de las escuelas católicas concertadas esté directamente amenazada, si se atiende a las declaraciones que Isabel Celaá ha realizado en las últimas semanas. La titular de Educación ha manifestado más de una vez que no tiene nada en contra de la escuela concertada "que cumple su función social", espacio en el que se insertarían las escuelas religiosas tradicionales agrupadas en torno a Escuelas Católicas, sino que su batalla es contra la "nueva concertada" que se dedica al "mercadeo con centros educativos". Se refiere con esto la ministra a grupos, como grandes constructoras o empresas de servicios, que están entrando en el sector educativo con más interés en el negocio que hay en la escuela concertada (el Estado te paga por tener un colegio) que por el proyecto educativo. Sin embargo, hay una cuestión que sí debería preocupar a algunos (los menos, según Escuelas Católicas) centros concertados religiosos. La modificación de la Lomce que presentará el Gobierno quiere impedir por ley que existan centros que segregan a sus alumnos por sexo. El exministro popular José Ignacio Wert la blindó por ley por no considerarla discriminatoria, y por la misma vía se prohibirá. "Nuestra idea consiste en no permitir que un modelo que choca con el modelo de coeducación pueda ser generalizado y extendido, financiado con fondos públicos. La idea es conseguir que no se generalice porque creemos que atenta contra la coeducación", explicaron en su momento fuentes socialistas. Algunos de estos centros han devuelto la financiación pública con escándalos por cuestiones educativas . Fue el caso del colegio Juan Pablo II de Alcorcón (Madrid), donde como actividad complementaria el año pasado los niños acudieron al estadio Santiago Bernabéu y las niñas hicieron un taller de ganchillo. En el mismo municipio, el colegio Fuenllana, del Opus, concertado y que segrega a sus alumnos por sexo, ofrecía talleres de moda y cocina para ellas y de sistemas microinformáticos e instalaciones de telecomunicaciones para ellos, según denunció Ganar Alcorcón. Donde Celaá sí ha puesto el foco en alguna ocasión ha sido en la cesión (gratuita, si no no sería una cesión) de suelo público para la construcción de escuelas concertadas. Esta práctica se ha detectado recientemente en algunas comunidades autónomas como Madrid. Según UGT, entre los años 2000 y 2013 se cedieron 82 parcelas para construir este tipo de colegios. En los barrios de nuevo desarrollo, por ejemplo, es habitual que se abran más centros concertados que públicos. No necesariamente a Escuelas Católicas, pero grupos católicos o ultracatólicos se han visto beneficiados por estas prácticas. En general, toda la escuela concertada ha sacado provecho de la implantación de la LOMCE, que garantizó la presencia de los colegios privados sostenidos con fondos públicos por todo el Estado y eliminó la característica "públicas" de la obligación de ofrecer plazas escolares para todos los niños. Luego está el polémico asunto de los profesores de Religión. Con estos docentes se da una circunstancia cuanto menos sorprendente. La Iglesia los contrata, manda sobre ellos hasta el punto de poder despedirlos a voluntad, pero no los paga. Las nóminas de los profesores de Religión corren a cargo del Estado, según denuncia la organización Europa Laica, pero bailando al compás de la música religiosa. Según algunos datos conocidos, la administración central se gasta al menos 100 millones de euros cada año solo en los profesores de Religión de Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Ceuta y Melilla, los territorios sobre los que tiene control. En el resto son los Gobiernos regionales quienes tienen que afrontar esta inversión. Pero no hay datos globales. "Los hemos pedido repetidas veces, incluso en el Parlamento a través de diputados", explica Antonio Gómez, presidente de Europa Laica. Pero nada. Vía Portal de Transparencia se ha conseguido ese dato, pero total no existe, denuncia Gómez. Según los cálculos de Europa Laica el gasto podría ascender a unos 500 millones de euros. Este oscurantismo, unido al cambio de ley que realizó el PP y por el que la asignatura de Religión era de obligado ofrecimiento por parte de los centros, se han dado situaciones como que en Andalucía haya profesores cobrando sin dar clase en 250 centros, según admite la propia Junta. Los módulos En cualquier caso, la gran batalla perenne entre la escuela concertada y el Estado, o al menos la que los centros quieren dar, es el precio de los módulos, lo que la administración paga a los colegios por cada aula concertada (los conciertos no se otorgan a centros completos si no a "unidades", que viene a ser clases). Esto se traduce en que, según la Plataforma Concertados, mientras un alumno le cuesta al Estado casi siete mil euros al año en un centro público, los centros privados sostenidos con fondos públicos reciben apenas tres mil por lo mismo: un ahorro de más del 50%. En la cuenta global, dicen desde la Iglesia, las escuelas católicas le ahorran al Estado 19.735 millones de euros cada año, que es la cantidad que según sus cuentas le devuelven los centros religiosos cada año en forma de retorno de la inversión. Esto es: por cada euro invertido por la sociedad en un colegio católico, vuelven cuatro. De dónde sale esa cifra no está claro. Por esta razón, la patronal de estos centros —y de toda la concertada en general— tiene como primera reivindicación la actualización de los módulos. Es el mismo argumento que utilizan para defender las cuotas ("voluntarias" siempre, según Escuelas Católicas, forzosas según han denunciado reiteradamente sindicatos y muchas familias) que piden los colegios concertados a las familias, para compensar la falta de financiación del ministerio, justifican.
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Posted: 07 Dec 2018 02:10 AM PST
¡Hola!
Ya hace tiempo que empezamos este curso. Es, para El Diario de la Educación, el tercero. Como cada semana os traemos algunas de las noticias, reportajes y entrevistas más interesantes de los últimos días... Sigue leyendo en EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN |
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